ESTRATEGIA Un analista político opina que el Gobierno intenta que la caminata no se posesione en la agenda mediática y menos en la opinión pública, como la VIII marcha.

Página Siete / La Paz – 02/05/2012

La Asamblea Legislativa Plurinacional desechó la posibilidad de anular la Ley 222 que autoriza la realización de una consulta “previa” en el TIPNIS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

El MAS, que tiene mayoría en el Legislativo, insiste en que la IX marcha -cuya principal demanda es la anulación de la norma mencionada- va en contra de un mandato constitucional.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), afirmó ayer que la ley de consulta a los pueblos del TIPNIS debe cumplirse por mandato de la Constitución Política.

La norma que viabiliza la consulta “previa” fue sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que -dijo Delgado- “debe cumplirse”. “Tenemos una ley que se ha sancionado en la Asamblea Legislativa, que se refiere a la consulta y la ampliación del plazo para la consulta previa y se debe cumplir por mandato constitucional y por reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas”.

La presidenta de la Cámara Baja también justificó que la ley de consulta “es constitucional y responde al mandato”, por lo que no es tardía, como señalan algunos sectores de oposición.

“Esta ley de consulta es constitucional e histórica, es de reivindicación, no es tardía y para eso estamos cumpliendo una obligación estatal”, enfatizó.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), también manifestó que la marcha indígena viene a ser un “contrasentido” a las demandas de los pueblos indígenas que pedían en el pasado la incorporación de la consulta previa en normas internacionales como un mecanismo de toma de decisión para la explotación de recursos que están en sus territorios.

“La vía democrática para solucionar este conflicto es la consulta previa”, dijo la autoridad legislativa en relación con el pedido de los indígenas de abrogar la Ley 222, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa después de la Ley 180 de protección del TIPNIS.

El analista político Marcelo Silva, consultado sobre la estrategia usada por el Gobierno frente a la IX marcha, dijo que el Ejecutivo evita hablar de la movilización “para no generar agenda mediática”. “Está poniendo énfasis en otros temas e intenta que la marcha pase desapercibida, pero cuanto más pase el tiempo, la marcha ganará más espacios en los medios”.

En criterio de Silva, el Gobierno está encarando este conflicto desde dos frentes: “crear un clima de pacificación frente a la fuerte ola de conflictos y que la marcha no gane protagonismo” y segundo, “está tratando de establecer alianzas estratégicas con acuerdos con organizaciones indígenas con el objetivo de quitar fuerza a los indígenas”.

El Gobierno firmó acuerdos programáticos con al menos diez organizaciones indígenas antes del inicio de la IX marcha.

El MAS defiende la ley de consulta

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un informe sobre los antecedentes, constitucionalidad y tratamiento para la aprobación de la Ley 222 de consulta previa en el TIPNIS, respecto a la construcción de una carretera en esa zona.

La presentación de ese informe responde a un recurso de inconstitucionalidad que presentaron, en febrero último, los diputados del opositor MSM.

En tanto, el MAS también presentó otro recurso en contra de la Ley 180 de protección del TIPNIS. El TCP anunció que responderá a esta demanda hasta junio.